Los bosques hay que verlos ni tan lejos que se vea apenas una mancha verde, ni tan cerca que solo se vea la corteza de un árbol. Lo mismo pasa con todos los asuntos de la vida, mucho más si es la de los pueblos la que se analiza. La Política Nacional de Catastro Multipropósito no puede substraerse de otras realidades sociales aciagas que vive Colombia, por ejemplo, en materia de servicios públicos domiciliarios, producción nacional, educación o infraestructura vial.
Varias son las cabuyas que atan a un fenómeno con los otros, varios son los puntos que tienen en común: todos desarrollan los principios neoliberales y en ese sentido están caracterizados por descentralización de competencias sin suficiente financiación, privatizaciones, sustracción creciente de responsabilidad del estado central sobre aspectos esenciales para el desarrollo de la nación, reducción del gasto público, incremento del pago efectivo de los ciudadanos como manera de financiar tales políticas y su consecuente incremento del costo país para la producción; entre otros.
Entre lo que comparten, vale la pena referirse a un aspecto que es quizá, el más importante: todas han sido recomendadas a Colombia por organismos internacionales como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) o el FMI (Fondo Monetario Internacional). Para el caso de la estructura tributaria nacional, el FMI ha propuesto: “Para reducir el endeudamiento público salvaguardando a la vez la inversión pública y el gasto social clave, la recaudación tributaria del gobierno central deberá aumentar de manera gradual, pero duradera en al menos 2 puntos porcentuales del PIB. En términos de su composición, deben considerarse medidas de recaudación que favorezcan el crecimiento económico, y que estén enfocadas en la eficiencia fiscal, la progresividad, la sostenibilidad y la equidad—incluidas la ampliación de la base del impuesto a la renta de personas naturales y la reducción de las exenciones al IVA con mecanismos de compensación para proteger a los hogares más pobres, así como la eliminación de regímenes preferenciales para las empresas (…)” (FMI 2021. https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/02/12/mcs021221-colombia-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission)
En este asunto de “endeudamiento público” o deuda externa que tanto preocupa al FMI se avizora el aspecto central del problema; pues, las modificaciones institucionales como la Política Nacional de Catastro Multipropósito, que entidades multilaterales imponen a Colombia a título de “recomendaciones”, tienen el objetivo central de garantizar el pago de esa deuda a los acreedores que mayoritariamente son esas mismas entidades, cosa que no se logra de otro modo sino logrando el aumento del recaudo tributario.Tal fórmula sacrifica la producción nacional y condena a mucha gente al hambre, el desempleo y la pobreza.
Para el caso del Catastro Multipropósito con su evidente enfoque fiscalista y sus notorios errores en el diseño que conllevan errores en el levantamiento de la información (de los que nunca o muy, muy pocas veces sale beneficiado el ciudadano), la OCDE decía en el 2015: “Los impuestos sobre consumos específicos y prediales son las principales fuentes de ingresos para los departamentos y municipios. Sin embargo, son pocos los municipios que disponen de registros catastrales actualizados” (OCDE 2015) más adelante decía: “Una posibilidad prometedora sería la de recaudar ingresos adicionales a través de los impuestos sobre la propiedad, cuyos ingresos son asignados a los gobiernos subnacionales. Para ello, primero sería necesario completar y actualizar el catastro. La información existente sobre el catastro es incompleta, ya que cerca de una tercera parte del país no está cubierto y la mitad de la información existente necesita ser actualizada” (IDEM). Y remataba recomendando: “Actualizar el sistema catastral centralizando la información de los municipios y departamentos para que pueda actualizarse cuando sea necesario. Asistir a los organismos subnacionales en la actualización del valor catastral. Vincular los aumentos de transferencias de la Administración central al crecimiento de los ingresos subnacionales.” (negrilla fuera del original) (puede ingresar al documento en este link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oecd.org/about/publishing/colombia-politicas-prioritarias-para-un-desarrollo-inclusivo.pdf).
En el 2019, la misma organización aseveraba “El despliegue a nivel nacional del catastro multipropósito favorecería un mejor uso de la tierra, reduciría la inseguridad jurídica, fomentaría la inversión y facilitaría las transacciones” (OCDE, 2019)
A mi juicio, tales imposiciones bajo el disfraz de recomendaciones explican la razón por las que Gustavo Petro como Iván Duque y Juan Manuel Santos, a pesar de conocer las graves consecuencias de políticas como la de Catastro Multipropósito y su enfoque fiscalista, no han tomado la decisión política de corregirla en sentidos que son cada vez más necesarios y obvios y de los que son ejemplo: recuperar la función catastral como una esencial del Estado y no como un mero servicio público que puede ser prestado por un privado, fortalecer el IGAC dotándolo de presupuestos y herramientas para que puedan levantar la información catastral de manera oportuna y suficiente, mantener un tope de relación entre el avalúo catastral y el avalúo comercial, definir procedimientos de recolección de la información adecuados y que tengan un mínimo margen de equivocación, definir unos topes tarifarios coherentes con la realidad social del país para que los concejos municipales puedan establecer unas tarifas al impuesto predial que verdaderamente sean progresivas.
Este criterio anterior, es igualmente aplicable a fenómenos como la política de los TLCs y su quiebra a la producción industrial y agropecuaria, a la de educación y su notoria intención de desfinanciar la educación pública mediante mecanismos como subsidios a la demanda y no a la oferta, o a los precios de los combustibles artificialmente elevados por imposiciones tributarias como los mal llamados impuestos verdes o la decisión política de fijar sus precios de acuerdo a precios internacionales. En todos ellos, hay una imposición de alguna entidad multilateral comunicada en forma de recomendación y todos ellos son decisiones políticas en contra de los intereses de colombianas y colombianos y favorecedores de intereses allende las fronteras.
Por ello, la acertada lucha que vienen dando los ciudadanos y ciudadanas contra la Política Nacional de Catastro Multipropósito y contra las actualizaciones catastrales que han significado un incremente injusto y exagerado del impuesto predial para la ciudadanía, no puede dejar de comprender el contexto económico y social en que se produce; es decir, las demás decisiones políticas que se traducen en condiciones injustas para la gente como es el caso de los servicios públicos domiciliarios, la infraestructura vial, la educación, o la producción nacional industrial y agropecuaria.
Frente a todos los anteriores asuntos solo hay una solución para la ciudadanía: Estudio, organización y movilización civilista y democrática para derrotar a quienes imponen desde afuera nuestra hambre y subdesarrollo y a quienes desde adentro les hacen caso e hicieron de cada bostezo nuestro, un jugoso negocio para ellos.
