Con la información disponible, se puede concluir que el impuesto predial se va a incrementar en Mosquera; ¿será alto o altísimo ese incremento? Depende en buena medida de las decisiones que se tomen en estos días en el Concejo Municipal. Adjunto a este artículo, se reproduce una carta pública presentada a la Alcaldía Municipal y al Concejo Municipal por el dirigente Yeilor Espinel, quien es el director de la Escuela Manuela Beltrán por un Catastro Justo y un Predial Pagable y la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos seccional Cundinamarca.
Como es de conocimiento público, en el municipio de Mosquera se está adelantando el proceso de actualización catastral. Actualización que está enmarcada en la Política Nacional de Catastro Multipropósito cuyo sustento jurídico son los Planes de Desarrollo de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, así como varios documentos Conpes; leyes como la 1995 del 2019 y la 40 de 1990 y diferentes resoluciones del IGAC.
De entrada, es importante dejar sentado que el pleito es nacional y que los municipios pueden mitigar sus impactos; pero aún cuando todo se haga bien, se seguirán incrementando injusta y desproporcionadamente los impuestos prediales. Tal cual lo dijo el dirigente Sergio Tovar frente al mismo caso en Soacha: “Si la receta está mal, quedará mal el plato por más cuidado que se ponga en su preparación y, en lo que tiene que ver con el catastro, la receta de la política está pensada precisamente para que se incrementen los impuestos, de manera que hasta que no se cambie, el plato va a seguir siendo el mismo: incrementos altísimos al predial sin importar qué tan mal lo está pasando la gente”.
La actualización catastral consiste en actualizar la información económica, física y jurídica de los inmuebles ubicados en el municipio, con lo que estoy de acuerdo. No obstante, la razón por la que muchos nos oponemos a dicha política y exigimos a Gustavo Petro y al Congreso su reforma estructural, es porque bajo la actual política de catastro multipropósito, el mayor enfoque y efecto de dicha actualización, es aumentar los impuestos que paga la gente, especialmente, el impuesto predial.
Ello lo logran, por cuanto producto de la actualización se genera un nuevo avalúo catastral, sobre el que se calcula el impuesto y, ese impuesto resultante debe someterse a los topes de incremento legales a menos que la misma ley los excluya; esto es, el impuesto se calcula aplicando la tarifa que define el Concejo, entre el 5 por mil y el 16 por mil, —salvo las excepciones definidas en el artículo 23 de la Ley 1450 del 2011— al avalúo catastral de cada predio que entrega el gestor catastral, que para el caso de Mosquera es el IGAC.
De acuerdo con esto, al subir el avalúo catastral, sube también el impuesto. Valga decir que, si el inmueble es beneficiario de los topes legales, los primeros años, el resultado de la operación no se cobra pleno, sino que se aplica la fórmula de los topes.
Ahora, ¿por qué se suben tanto los avalúos? Por dos razones: 1) porque la política liga el avalúo catastral a la especulación inmobiliaria, ya que la principal fuente de información con la que se construye el avalúo, es el precio comercial de los inmuebles en el supuesto caso de que todos los propietarios estuvieran vendiendo su inmueble. Para hallar ese avalúo, se consulta el precio de oferta de inmuebles parecidos y ubicados en zonas homogéneas, lo que se conoce como método de comparación o de mercado y, 2) porque en la desidia propia de quienes nos han gobernado, no se ha realizado actualización catastral durante los últimos 16 años y solo se ve un interés real en hacerlo ahora, por cuanto se busca incrementar impuestos como el predial.
Estos dos elementos se combinan con los demás de la política nacional de catastro multipropósito: el relacionamiento entre el avalúo comercial y catastral entre el 60% y el 100%; la privatización de la gestión catastral y el debilitamiento del IGAC; la modificación de los topes con que cuentan los concejos municipales para definir el impuesto predial, pues antes estaban entre el 1 y 16 pesos por cada mil pesos que valiera catastralmente el inmueble y, ahora, los límites son entre 5 y 16 pesos por cada mil pesos del avalúo catastral; la integración de una serie excepciones que hacen inaplicables los topes de incremento del predial al grueso de los inmuebles, lo que puede verse en el parágrafo único del artículo 2 de la Ley 1995 del 2019; entregar la carga de la prueba al ciudadano para la corrección del avalúo catastral, entre otras. Todas decisiones contra la gente en la búsqueda de incrementar los impuestos que pagan.
El resultado de esta suma no es otro que el incremento, no solo del impuesto predial, sino que se refleja también en otras obligaciones como la declaración de renta, la aplicación o no de subsidio a los servicios públicos y que, por obra y gracia del Plan de Desarrollo de Petro, serán contabilizados para nuevas estratificaciones que traen consigo reducción de subsidios a los servicios públicos, junto con mayores cargas tributarias
Las alzas en el predial afectarán a todos los sectores de la población mosqueruna: dueños de predios y arrendatarios de predios rurales y urbanos, estudiantes, comerciantes, trabajadores; ¡a todo el mundo!, por eso es necesario analizar, organizarse y promover acuerdos para movilizarse frente a esta problemática exigiendo a Gustavo Petro y al Congreso, que modifiquen estructuralmente la política.
En la idea de mitigar los impactos de esta política, la Alcaldía Municipal ha presentado un proyecto de acuerdo municipal al Concejo y, si bien tiene cosas positivas, es necesario profundizar la discusión a efectos de hacer uso de todas las herramientas legalmente disponibles, para evitar que el incremento sea exagerado y genere altísimos impactos entre la ciudadanía.
Lo primero es reconocer que la relación entre el avalúo catastral y el avalúo comercial por decisión de la Alcaldía quedó en el mínimo posible, esto es, el 60%, lo que constituye un elemento positivo. No obstante, dicha relación, como la propuesta de establecer unos topes a los incrementos de inmuebles que legalmente no los tienen, son insuficientes para evitar que a la ciudadanía se les duplique, triplique o hasta se les quintuplique el impuesto.
Ello, por cuanto la información a entregar por parte del IGAC, de acuerdo con el convenio, no se entregará antes del 01 de enero del 2026, por lo que, en el 2025, no se podrá conocer con certeza ni el impacto en los bolsillos de la gente ni el impacto fiscal que implicaría cualquier modificación en las tarifas, por lo que, no se podría establecer cuáles son las tarifas que mitigarían al máximo los impactos de la actualización catastral.
Por ello, lo más razonable, justo y responsable, es aplazar la aplicación de la información catastral derivada de la actualización; de esta manera, podremos dar todo un año de discusión sobre el mejor rango tarifario, se podrá garantizar que la Alcaldía y el Concejo puedan hacer uso de todos los instrumentos disponibles para la prevención y/o mitigación de las alzas del predial, se resolverá cualquier duda que se tenga frente a la información y se corregirá cualquier error frente a ella por parte del IGAC, y podrá avanzarse en la solicitud de modificación estructural de la política nacional de catastro multipropósito.
En razón a lo anterior, desde ya propongo que para el 2026 el predial se cobre con base en los avalúos existentes en el 2025 con el incremento legal que se venía aplicando, en tanto que, los nuevos avalúos catastrales derivados de la actualización catastral que se está haciendo, se apliquen solo hasta el 2027. Es lo responsable con la gente y lo coherente con la carestía que vivimos en Mosquera, la Sabana de Occidente y en toda Colombia.
Ñapa: La política nacional de catastro multipropósito, como las demás políticas en Colombia, seguirán esquilmando a las y los colombianos, hasta que no nos decidamos a estudiar por cuenta nuestra los problemas, nos organicemos y nos movilicemos para solucionarlos.
