“Digamos que todos son ricos y les cobramos como ricos, así recaudamos más y acabamos la pobreza… con un solo paso bailamos dos canciones” Esta parece ser la lógica detrás de la política nacional de Catastro Multipropósito, pues, con su enfoque fiscalista, aprovecha la necesidad reconocida de actualizar el catastro en el país, para intentar resolver una crisis fiscal que el mismo modelo económico ha creado. ¿Quién lo sufre? La gente: ricos, pobres, del sector rural, del sector urbano, jóvenes, niños y viejos, mujeres, hombres, los propietarios de inmuebles y los que no. En una palabra ¡todos!
La base gravable, es decir el valor sobre el que se calcula el impuesto, es el valor que arroja el avalúo catastral, que aporta el gestor catastral anualmente a las alcaldías municipales. Este avalúo catastral se ha venido incrementando a causa de las actualizaciones catastrales que hicieron o se están haciendo en los municipios durante los últimos seis años.
Se incrementan desproporcionadamente la inmensa mayoría de las veces, por cuanto el avalúo catastral se calcula a partir del avalúo comercial, que a su vez se rige por valores especulativos del mercado, bajo el supuesto de que quien tiene un inmueble lo tiene para la venta y, porque desde el 2011, con el neoliberal Plan de Desarrollo de Juan Manuel Santos se introdujeron cambios legales como la tarifa mínima que pueden fijar los concejos municipales (Art. 23) —antes era del 1 al 16 por mil y después fue del 5 al 16 por mil— o la relación entre el avalúo catastral y el comercial (Art. 24) —antes el avalúo catastral podía significar entre el 40% y el 100% del comercial y ahora es entre el 60% y el 100%—.
También influye el hecho de la priorización de los llamados métodos indirectos para el levantamiento de la información donde no es necesario el reconocimiento físico del inmueble ni la caracterización socioeconómica de su dueño o poseedor y por el no poco notable hecho de que, el también neoliberal Plan de Desarrollo de Iván Duque, privatiza la gestión catastral, la delega en cabeza de los municipios y derivado de él, la Ley 1995 del 2019, no permite que la inmensa mayoría de los predios se vean beneficiados por los topes de los incrementos que fija esa misma ley o la Ley 40 de 1993.
Y todo ello se agrava por el hecho de que, Gustavo Petro, con su acostumbrada maña para empeorar las cosas haciendo creer que las compone, en el artículo 49 de su también neoliberal Plan de Desarrollo, permite la denominada “actualización masiva de valores catastrales rezagados” de la que es fruto la Resolución 2057 del 2025, que incrementa automáticamente los avalúos catastrales de los predios rurales de más de quinientos municipios llegando a incrementar el avalúo catastral hasta en un 316.000%. En Cundinamarca, el más afectado es Funza, cuyo incremento es hasta de 89.186% —¡ochocientos noventa y un veces el valor actual!—. Todo esto, según los estudios que al respecto ha hecho el dirigente Yeilor Espinel, director para Cundinamarca de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos y la Escuela Manuela Beltrán por un Catastro Justo y un Predial Pagable.
