Después de diez años de aplicación de la política nacional de catastro multipropósito, los resultados son nefastos: incrementos injustos y desproporcionados del impuesto predial, privatización de los servicios catastrales, desfinanciamiento del IGAC, lo que ha condenado a muchas familias a enfrentar impuestos prediales impagables.
El problema tiene causas estructurales: las altas tarifas establecidas durante el gobierno de Santos; la creciente vinculación de los avalúos catastrales a los precios especulativos del mercado inmobiliario —impulsada inicialmente en el gobierno de César Gaviria y consolidada por Santos—; y la ley de topes aprobada en el gobierno de Duque, que eliminó mecanismos efectivos de control. A lo que se suma la crónica desfinanciación del IGAC, que durante años ha impedido actualizar adecuadamente los registros físicos, jurídicos y económicos de los predios del país.
Esta política ha sido impulsada desde los Acuerdos de Paz de La Habana y es promovida por organismos como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE y su principal objetivo es profundizar el abandono del gobierno central a los entes territoriales e incrementar el nivel de recaudo de los municipios, como otra forma de descargar en la
ciudadanía la crisis fiscal que sufre el Estado a causa de la creciente deuda pública. Allí donde se actualiza el catastro, el impuesto predial se dispara.
Es un desastre catastral heredado de los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, pero agravado durante el de Gustavo Petro, que viene implementando nuevas normas —Resoluciones 1912 y 2144 de 2024, y 1939 y 2057 de 2025— basadas en una metodología para la actualización masiva de valores catastrales rezagados en zonas
rurales y urbanas, en desarrollo del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo). Esta metodología, aunque se aplicaría por una sola vez, afectará a más de 500 municipios, pues aumenta el valor catastral de los predios sin priorizar la actualización jurídica ni física de las propiedades, ni considerar adecuadamente el valor y la depreciación de sus construcciones y mejoras. Todo lo anterior generará aumentos
desproporcionados en los avalúos catastrales y, por tanto, en el impuesto predial.
Además, esta metodología actualizará los avalúos con base en los precios del mercado, excluyendo el Método de Costo de Reposición y el Método de Capitalización de Rentas o Ingresos. En la mayoría de los casos no se considerará la depreciación de las construcciones, pues los gestores catastrales pueden optar por ajustar únicamente el valor del terreno. Esto provocará aumentos aún más desproporcionados en el impuesto predial, incluso superiores a los registrados en cientos de municipios durante los últimos cinco años. En Atlántico, por ejemplo, habría municipios con aumentos de hasta el 316.000% y en Cundinamarca de hasta 89.000%.
Ninguno de estos problemas ha sido resuelto ni figura entre las prioridades del actual gobierno, por ello, consideramos necesario impulsar el proceso más amplio posible de unidad, organización y movilización nacional para exigir:
- Aplazar la vigencia de la actualización catastral a nivel nacional, en el marco del Decreto 148 de 2020 y la Ley 14 de 1983 (artículo 10 y subsiguientes), en los municipios donde ya se han implementado.
- Derogar los artículos 49, 50 y 51 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo).
- Crear un marco legal y operativo que permita la corrección o revisión masiva de los avalúos catastrales de propiedades rurales y urbanas que deban ajustarse conforme a información levantada con métodos justos.
- Reformar la política catastral mediante un proyecto de ley concertado con la ciudadanía que garantice un impuesto predial acorde con la capacidad de pago de la ciudadanía, separando el avalúo catastral del comercial y evitando métodos basados en la comparación de mercado.
- Construir un plan de suspensión o condonación de los procesos de cobro coactivo iniciados contra contribuyentes en mora por el impuesto predial a nivel nacional.
- Fortalecer técnica, tecnológica y presupuestalmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
- Suspender de la habilitación de la gestión catastral a entidades públicas nacionales o territoriales.
- Detener la privatización de la operación catastral evitando la suscripción de nuevos contratos.
Convocamos a la ciudadanía y a los productores agropecuarios a una reunión nacional virtual por un Catastro Justo y un Predial Pagable, el próximo jueves 19 de marzo de 2026 a las 7:00 p.m., con el propósito de compartir nuestros análisis y propuestas frente a esta problemática y avanzar en un plan de acción que contribuya a la unidad, organización y movilización de las y los propietarios en todo el país.
16 de marzo del 2026
DIGNIDAD AGROPECUARIA COLOMBIANA
LIGA NACIONAL DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESCUELA MANUELA BELTRÁN POR UN IMPUESTO PREDIAL PAGABLE
